La salud mental está en juego, según el presidente Hugo Chávez y su principal delfín, el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello. Periodistas y personeros del oficialismo aluden al genocidio de Ruanda, en 1994, para ejemplificar hasta dónde pueden llegar los medios de comunicación y cómo inciden en la conducta de los ciudadanos.
Andrés Izarra, presidente de Telesur y otrora ministro de Comunicación, en un discurso ante diplomáticos latinoamericanos en Washington, acusó a Globovisión de parecerse a la cobertura de las emisiones de radio de Ruanda que ayudaron a provocar el genocidio. La periodista y miembro del buró político del Partido Socialista Unido de Venezuela, Vanessa Davies, preparó junto a su equipo de producción del programa Contragolpe un documental titulado: Ruanda y Venezuela, ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión?. Lo transmitieron el pasado 4 de junio y le ha servido como referencia al oficialismo para hacer ver que el país está en una situación límite con los medios de comunicación.
El ejemplo de Ruanda
"La historia nos remonta a genocidios, alentados por la manipulación de la información en los medios de comunicación social", se dice al inicio del documental, para luego hacer un resumen de lo acontecido en Ruanda entre 1993 y 1994, cuando murieron entre 500 mil y un millón de personas. El trabajo audiovisual centra su atención en una radio, a la que hace ver como única culpable del genocidio acontecido en el país africano. "Las facciones extremas de los hutus habían creado su propia radio en agosto de 1993, la Radio Télevision Libre des Mille Collines (RTLM). Los mensajes durante los meses cruentos del genocidio alentaban al asesinato de los tutsis y aseguraban que las tumbas no estaban completamente llenas. Sonaban canciones con letras violentas contra los tutsis. RTLM y la revista Kangura difundían los nombres y direcciones de las futuras víctimas".
Se nombra a Ferdinand Nahimana, accionista y directivo de RTLM, sentenciado el 3 de diciembre de 2003 a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional de Ruanda. "La sentencia lo responsabilizaba de haber envenenado la mente de sus escuchas incitando y promulgando contenidos que llamaban al exterminio de sus opositores políticos: los tutsis". Hassan Gneze, director y editor de la revista Kangura también fue sancionado por similares delitos. "El poder de los medios de crear y destruir valores humanos conlleva una gran responsabilidad, aquellos que controlan los medios son responsables por sus consecuencias".
Después de este simplista análisis de lo ocurrido en Ruanda, el documental gira hacia Venezuela. Orlando Urdaneta, El Nacional, Globovisión, Radio Caracas Televisión, Miguel Ángel Rodríguez, Berenice Gómez y Ana Karina Villalba hacen su aparición uno tras otro, al tiempo que se escucha: "Si hay alguna similitud con los mensajes difundidos en Ruanda para auspiciar las matanzas no es pura coincidencia".
El trabajo presentado por Vanessa Davies refiere de inmediato a los hechos ocurridos en abril de 2002. "Los más poderosos medios de comunicación venezolanos incitaron al odio en los sucesos de abril de 2002 y continúan haciéndolo, considerando que la libertad de expresión no es absoluta".
La segunda parte del documental centra su atención en la posición de cinco entrevistados: Nelson Castillo, secretario general adjunto de la Federación Latinoamericana de Periodistas; Javier Barrios, periodista de radio Fe y Alegría; Juan Ignacio Ramos, presidente de la fundación Federico Engels de España; Carlos Polanco, presidente del Frente Antifascista de Venezuela; y Leonel Muñoz Coll, psiquiatra. Todos ellos se pronuncian a favor de la situación de crisis que generan los medios de comunicación en Venezuela.
El genocidio es mucho más
Ruanda está en África central. Fue colonia belga y se independizó en 1962. El país lo habitan poco más de siete millones de personas, divididos en varias etnias: los hutus, que son la mayoría; los tutsis, que son pastores que llegaron en el siglo XVI; y los twas, restos de los primeros pobladores. Más de la mitad de la población es católica.
Tras el asesinato de Juvenal Habyarimana, presidente de Ruanda desde 1973, el 6 de abril de 1994, se desataron las tensiones étnicas lo que originó el genocidio. Según las investigaciones posteriores, su muerte fue planificada en círculos cercanos al Gobierno, los que organizaron también las matanzas por no estar de acuerdo con los acuerdos de paz que adelantaba el mandatario, según lo difundieron las publicaciones del diario español La Vanguardia.
El enfrentamiento se dio con el Frente Patriótico Ruandés (FPR), el cual fue fundado en Uganda en 1985, cuyo objetivo era derrocar el Gobierno de los hutus. En octubre de 1990 invadieron Ruanda y comenzaron una guerra civil. Habyarimana se radicalizó contra los tutsis. Se encubrieron asesinatos. En 1993 el FPR llegó a un acuerdo de paz con el Gobierno, lo que molestó a los radicales hutus.
El genocidio no fue propiamente un choque entre etnias, sino un pase de factura de los hutus radicales en contra de todos aquellos que estuvieran en contra. Los tutsis fueron masacrados. "El relator de la ONU ha indicado en su informe que el conflicto fue político y no de naturaleza étnica, puesto que las matanzas tenían el objetivo de eliminar a los políticos moderados -hutus o tutsis-, de manera que durante los primeros días se hizo una limpieza programada de todos aquellos que podían oponerse a la perpetuación en el poder de los sectores hutus más radicales", publicó La Vanguardia el 27 de noviembre de 1994.
La excusa étnica originó una escala irracional de violencia, alentada por la Radio Télevision Libre des Mille Collines (RTLM) y las milicias. Cuando el FPR los enfrentó, los hutus culpables de los asesinatos huyeron a Tanzania y Zaire.
Linda Melvern, una periodista belga que tuvo acceso a documentos oficiales, indicó que el genocidio se preparó en reuniones de gabinete de Jean Kambanda, primer ministro interino, y financiado con los programas de ayuda internacionales. Los radicales hutus tomaron el poder y organizaron las matanzas masivas.
Las Naciones Unidas no intervino en el conflicto, sino hasta muy tarde. Bélgica y Francia se lavaron las manos. Los medios de comunicación internacionales dieron escasa difusión al hecho. En el genocidio estuvieron implicados altos personeros del Gobierno; periodistas como Georges Henri Yvon Joseph Ruggiu, locutor e instigador desde RTLM; oficiales del Ejército, entre los que destaca Theoneste Bagosora, jefe de las milicias hutus, culpable del asesinato de 10 soldados belgas de las Naciones Unidas; o el cura católico Emmanuel Rukundo, que participó en la captura de grupos tutsis que se habían refugiado en un seminario.
Tomado de www.laverdad.com
