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Expertos cuestionan la medida de censura por considerar que viola la Constitución
Juan Francisco Alonso
Durante las siguientes cuatro semanas ningún diario, revista ni semanario del país podrá publicar imágenes de tipo "violento, sangriento, grotesto, bien sea de sucesos o no". La prohibición la giró el juez 12 de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, William Páez, al admitir la petición que 24 horas antes le hiciera la Defensoría del Pueblo para que impidiera que otros medios impresos siguieran el ejemplo del diario Tal Cual y reprodujeran la imagen del interior de la morgue de Bello Monte que el pasado viernes publicó El Nacional en su primera página.
La medida, según consta en el oficio 111/2010 que Páez le remitió a Teodoro Petkoff, editor de Tal Cual, busca proteger "la integridad psíquica y moral de los niños y adolescentes". En ese mismo documento le pide al directivo del matutino abstenerse de difundir más imágenes violentas.
Horas antes el mismo juez envió a El Nacional otro oficio en el que le informaba que había dado trámite a la denuncia que el Ministerio Público interpuso por la publicación de la foto donde se veían varios cadáveres apilados dentro de la Medicatura Forense y le ordenaba que no solo no divulgara más fotografías de este tipo, sino tampoco informaciones y publicidades con "contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas, imágenes que aticen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y decesos que puedan alterar el bienestar psicológico de los niños".
Aun cuando la razón que motivó al Ministerio Público y a la Defensoría a acudir a los tribunales es la misma: la difusión de la polémica foto. El juez adoptó resoluciones que afectan de maneras distintas a El Nacional, Tal Cual y los demás medios impresos.
Pronunciamiento curioso
Para el ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Jesús María Casal, la decisión del juez Páez contra la prensa escrita es "curiosa", pues la orden que prohíbe la publicación de imágenes violentas dura un mes y ese lapso coincidirá con la venidera campaña para las elecciones parlamentarias, la cual arranca este 25 de agosto.
En similares términos se pronunció el catedrático Rafael Chavero, quien denunció que "se está aprovechando el caso de una foto para restringir la circulación de informaciones sobre el principal problema de los venezolanos. Esto es una demostración más de que se busca silenciar todo aquello que molesta y suena a crítica".
El jurista no dudó en calificar el dictamen judicial como "una medida de censura desproporcionada, arbitraria, injustificada y caprichosa" y recordó que "los jueces no pueden censurar, pues constitucionalmente no hay posibilidad de establecer la censura previa".
La Carta Magna en sus artículos 57 y 58 proscribe la censura para opiniones e informaciones; mientras que en el artículo 143 establece que la misma no puede ser impuesta a los funcionarios públicos y que ellos pueden informar a la colectividad sobre los asuntos bajo su responsabilidad.
Posiciones encontradas
Horas antes de que se produjera la resolución judicial, la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Silvia Allegret, había mostrado su rechazo a cualquier medida en contra de los medios. "Lo que debería hacer el Gobierno es tomar la información que se da en los medios para tomar acciones y mejorar la situación. No puede ser que la solución sea cerrar y amonestar a los medios por haber puesto una foto que es una realidad".
En contraposición, la presidenta del Instituto Nacional de los Derechos del Niño (Idena), Litbell Díaz, se mostró partidaria de ponerle un coto a la circulación de ciertas imágenes e informaciones, por considerar que se han vulnerado los derechos de los infantes.
"Los que publicaron la foto saben que la imagen afecta mucho a los niños y a los adolescentes. Pero como su intención es desestabilizar, lo hacen con premeditación, lo cual es mucho más grave", afirmó la funcionaria, quien no realizó ninguna petición a las autoridades para que eviten que diariamente niños sean afectados por la violencia, bien sea porque quedan huérfanos o porque fallecen a manos de ella.
Tres mil niños fueron asesinados entre 2003 y 2005 en el país, según distintas organizaciones no gubernamentales.
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