El gobierno de Chávez debe poner fin inmediatamente a la persecución de un canal de televisión privado crítico del gobierno y debe clausurar la injustificada investigación que lleva a cabo sobre la conducta de dicho canal, señaló hoy Human Rights Watch.
En respuesta a la cobertura de Globovisión del temblor del 4 de mayo de 2009, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha iniciado una investigación de este canal, argumentando que la cobertura del sismo "podría generar alarma, temor, zozobra o pánico entre la población".
En alusión al temblor, en un discurso que se transmitió por televisión y radio el 10 de mayo, el Presidente Hugo Chávez acusó públicamente a este medio privado de "incitar al odio, a la guerra" y les advirtió que "no se equivoquen", ya que "están jugando con fuego", reseñó Human Right Watch en un comunicado.
"El gobierno de Chávez nuevamente abusa de sus ambiguas facultades regulatorias para perseguir a sus críticos", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Simplemente no hay justificación para sancionar a un canal de televisión por difundir noticias sobre un temblor".
En respuesta a la cobertura de Globovisión, el Ministro de Relaciones Interiores y Justicia Tarek El Aissami manifestó en una entrevista emitida por la televisión pública que Ravell "responde a los intereses de los Estados Unidos".
Como Human Rights Watch documentó en su informe "Una Década de Chávez", la redacción ambigua e imprecisa de la ley, la gravedad de las sanciones contempladas y el hecho que su aplicación esté a cargo de un organismo adscrito al poder ejecutivo incrementan la vulnerabilidad de los medios radiales y televisivos frente a injerencias arbitrarias y presiones para que se autocensuren.
En varias oportunidades, funcionarios venezolanos han invocado estas disposiciones en advertencias dirigidas a canales de televisión durante momentos de tensión política y en circunstancias en las cuales su aplicación hubiera resultado injustificada y, por lo tanto, hubiera constituido una injerencia arbitraria en el derecho a la libertad de expresión.
El gobierno de Chávez también ha abusado reiteradamente de sus facultades de control de las frecuencias de radio y televisión para castigar a los canales que emiten una programación manifiestamente crítica.
En mayo de 2007, por ejemplo, Radio Caracas Televisión (RCTV) perdió su concesión luego de que Chávez anunciara en una ceremonia militar que se transmitió por cadena nacional que no se renovaría la concesión de RCTV por su presunto apoyo al golpe de abril de 2002. En ningún momento se probó esta acusación, ni tampoco el supuesto incumplimiento de los estándares de transmisión, en el marco de un procedimiento que permitiera a RCTV defenderse.
"Las amenazas del gobierno de Chávez evidencian el riesgo inherente a los abusos que representa una norma que tiene una redacción tan ambigua y amplia. Y puede ser utilizada, como en el caso de Globovisión, discrecionalmente por el gobierno para intimidar a sus críticos", señaló Vivanco.
Tomado de www.eud.com
En respuesta a la cobertura de Globovisión del temblor del 4 de mayo de 2009, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha iniciado una investigación de este canal, argumentando que la cobertura del sismo "podría generar alarma, temor, zozobra o pánico entre la población".
En alusión al temblor, en un discurso que se transmitió por televisión y radio el 10 de mayo, el Presidente Hugo Chávez acusó públicamente a este medio privado de "incitar al odio, a la guerra" y les advirtió que "no se equivoquen", ya que "están jugando con fuego", reseñó Human Right Watch en un comunicado.
"El gobierno de Chávez nuevamente abusa de sus ambiguas facultades regulatorias para perseguir a sus críticos", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Simplemente no hay justificación para sancionar a un canal de televisión por difundir noticias sobre un temblor".
En respuesta a la cobertura de Globovisión, el Ministro de Relaciones Interiores y Justicia Tarek El Aissami manifestó en una entrevista emitida por la televisión pública que Ravell "responde a los intereses de los Estados Unidos".
Como Human Rights Watch documentó en su informe "Una Década de Chávez", la redacción ambigua e imprecisa de la ley, la gravedad de las sanciones contempladas y el hecho que su aplicación esté a cargo de un organismo adscrito al poder ejecutivo incrementan la vulnerabilidad de los medios radiales y televisivos frente a injerencias arbitrarias y presiones para que se autocensuren.
En varias oportunidades, funcionarios venezolanos han invocado estas disposiciones en advertencias dirigidas a canales de televisión durante momentos de tensión política y en circunstancias en las cuales su aplicación hubiera resultado injustificada y, por lo tanto, hubiera constituido una injerencia arbitraria en el derecho a la libertad de expresión.
El gobierno de Chávez también ha abusado reiteradamente de sus facultades de control de las frecuencias de radio y televisión para castigar a los canales que emiten una programación manifiestamente crítica.
En mayo de 2007, por ejemplo, Radio Caracas Televisión (RCTV) perdió su concesión luego de que Chávez anunciara en una ceremonia militar que se transmitió por cadena nacional que no se renovaría la concesión de RCTV por su presunto apoyo al golpe de abril de 2002. En ningún momento se probó esta acusación, ni tampoco el supuesto incumplimiento de los estándares de transmisión, en el marco de un procedimiento que permitiera a RCTV defenderse.
"Las amenazas del gobierno de Chávez evidencian el riesgo inherente a los abusos que representa una norma que tiene una redacción tan ambigua y amplia. Y puede ser utilizada, como en el caso de Globovisión, discrecionalmente por el gobierno para intimidar a sus críticos", señaló Vivanco.
Tomado de www.eud.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Déjanos tu comentario sobre esta información.