El Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Costa Oriental del Lago, en su postura sobre las agresiones a periodistas, deplora los atentados en contra de los colegas del periódico Notitarde de Carabobo y del diario El Regional de Portuguesa, instando a las autoridades a proteger el trabajo de los comunicadores sociales y realizar las investigaciones pertinentes en ambos casos.
Por su parte la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas del Estado Cojedes, eleva su pronunciamiento al seno de la comunidad cojedeña , venezolana y en especial a todos nuestros colegas, por los recientes ataques a la integridad física del periodista Rafael Finol del Diario El Regional y el asesinato del colega periodista carabobeño Orel Zambrano. Ambos casos se suman a una larga lista de agresiones, amedrentamiento e intimidaciones del que han sido objeto los periodistas venezolanos en el ejercicio de sus funciones.
Entendemos que en el país se suceden cambios trascendentales en todos los ámbitos del quehacer humano y que el periodista debe coadyuvar su esfuerzo intelectual, ético moral y espiritual en función de la verdad, la democracia, la libertad, la paz; sin embargo, no compartimos las amenazas constantes de la cual son víctimas nuestros periodistas.
Entendemos que en el país se suceden cambios trascendentales en todos los ámbitos del quehacer humano y que el periodista debe coadyuvar su esfuerzo intelectual, ético moral y espiritual en función de la verdad, la democracia, la libertad, la paz; sin embargo, no compartimos las amenazas constantes de la cual son víctimas nuestros periodistas.
¿Hay estado de derecho?
El asesinato de un periodista por su labor informativa constituye la forma más extrema de censura, lo que no sólo coarta el derecho a libre expresión de la víctima sino también el derecho de la sociedad en su conjunto a informarse.
El Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar a los autores de los ataques y asesinatos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado que "dicha obligación general se impone no sólo en relación con el poder del Estado sino también en relación con actuaciones de terceros particulares". Esto hace referencia a que no importa quiénes sean los perpetradores, cualquier grupo fuera o dentro de la ley- el responsable por guardar la integridad y seguridad de los periodistas es el Estado.
Exhortamos a la Defensoría del Pueblo, a la Comisión de Derechos Humanos, a la sociedad organizada, gremios profesionales, organizaciones nacionales e internacionales que promueven la protección y promoción de los derechos humanos en especial la libertad de expresión, para que sumemos esfuerzos y voluntades a favor del ejercicio libre del periodismo, a la pluralidad de las ideas, al respecto y tolerancia, a la paz y la convivencia, y de manera irrestrictita, el derecho irrenunciable e innegociable, el derecho a la vida.
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