La peligrosidad de ejercer el periodismo en Venezuela ha aumentado durante los últimos años. Los hombres y mujeres que armados únicamente con sus libretas, grabadoras, micrófonos y cámaras llevan la información a los hogares de los venezolanos, viven bajo la constante amenaza de que la delincuencia les arrebate sus vidas por cumplir con su responsabilidad. En lo que va de 2009 van dos víctimas mortales.
Ante la mirada indiferente de las autoridades que deberían diseñar políticas de seguridad efectivas, este flagelo sin rostro se ha convertido en un riesgo para quienes diariamente reseñan los hechos noticiosos del país a través de los medios de comunicación.
Nada nuevo
Los organismos que representan a los comunicadores sociales han denunciado cada agresión verbal o atropello físico sufrido por estos profesionales. Sin embargo, las autoridades no logran esclarecer los casos.
El director ejecutivo de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, informó que desde 2002 las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela superan los 1.300 casos. En la actualidad muchos periodistas trabajan bajo amenazas pues no han hecho las denuncias pertinentes para emprender los procedimientos de rigor.
“Al periodista lo sitúan como enemigo, lo señalan, lo cuestionan a él, a su trabajo y al medio de comunicación; hay agresiones en la calle, no los dejan hacer su trabajo, llegan a agresiones físicas y ataques a los equipos con los que trabajan”. Las causas suelen ser parecidas, como revelaciones contundentes que se hayan hecho sobre temas de corrupción, por ejemplo.
Aunque la situación no es nueva, los índices de atropellos aumentaron con el transcurrir del tiempo. De acuerdo a cifras calculadas por la organización, en 2006 hubo 106 violaciones a la libertad de expresión en nuestro país; al año siguiente la cantidad aumentó a 171. Nada más en el último trimestre de 2008, hubo 31 situaciones que afectaron la libre difusión del material informativo, que la ONG atribuyó a la tensión del panorama electoral.
En su informe anual de Clasificación Mundial de Libertad de Prensa, la organización Reporteros Sin Fronteras ubicó a Venezuela en el puesto 113 con respecto a las demás naciones con mayores restricciones en el ejercicio de la comunicación. En Latinoamérica ocupa el cuarto lugar.
Según el balance ofrecido por la Sociedad Interamericana de Prensa, el 2008 cerró con un saldo de 13 periodistas asesinados en Latinoamérica, y los ataques fueron perpetrados en su mayoría por el crimen organizado.
Nueve de las víctimas fueron mexicanas, mientras que otras tres se registraron en Guatemala, Bolivia y Ecuador. En nuestro país está el caso de Pierre Fould, quien ocupaba la vicepresidencia del Reporte Diario de la Economía.
Mal comienzo
Apenas han transcurrido las primeras semanas del año y ya van tres atentados contra trabajadores de la prensa en el país, de los cuales dos resultaron fatales.
El primer fin de semana, el periodista y fotógrafo del diario El Impulso del estado Lara, Jacinto López Velasco, recibió varios impactos de bala que le quitaron la vida. En el hecho también resulto herido Ricardo Marapacuto, reportero gráfico del mismo rotativo.
El otro atentado mortal fue contra el abogado y comunicador social carabobeño Orel Sambrano, quien falleció luego de que un motorizado le propinara un tiro en la región cervical superior izquierda.
Al encargado de la fuente política en el diario El Regional del estado Portuguesa, Rafael Finol, le dieron varios tiros al salir de su trabajo el 13 de este mes. Finol sobrevivió al ataque y lo calificó como “atentado político ejecutado por la ultraderecha”. En este caso como en el de Orel Sambrano se manejan las hipótesis de “crimen por encargo” .
Durante la madrugada del primero de enero, motorizados lanzaron -en nombre del Colectivo “La piedrita”- una bomba de gas lacrimógeno sobre el techo del edificio de Globovisión en Caracas y dejaron volantes con frases amenazantes.
La impunidad es culpable
Para la secretaria del Colegio Nacional de Periodistas, Silvia Alegrett, el problema radica en la impunidad, pues “es la culpable de esta situación, permite que la violencia se mantenga; desde el Presidente para abajo están acusando a los periodistas como actores de la diatriba política, eso hace que la gente empiece a agredir al comunicador social; por el discurso violento ocurren esas acciones que no son castigadas”.
Puso como ejemplo a los miembros del grupo “La piedrita”, que ha atacado en varias oportunidades a Globovisión y a pesar de estar plenamente identificados, no han enfrentado ninguna averiguación.
A su juicio, los periodistas son víctimas de agresiones porque revelan verdades inconvenientes y “por denunciar públicamente y poner sobre blanco y negro la grave situación de inseguridad o la corrupción de algún instituto”.
Sobre el comunicador social Orel Sambrano, asesinado el viernes pasado, dijo que “era un periodista aguerrido, que denunciaba de frente”.
Por su parte, el secretario general del CNP en Carabobo, Angel Perozo, explicó que el paradigma de “buscar la noticia a costa de lo que sea” está obsoleto, pues ahora debe prevalecer un criterio preventivo acorde a los riesgos del país. No obstante, la cautela no implica ser temerosos ni permitir intimidaciones.
“De nada vale tener un chaleco antibalas y estar frente a la línea de fuego. Tenemos que estar más pendientes de los escenarios, de quiénes están alrededor; hay que dejar un poco la actitud valiente, no podemos ser Superman ni `mujeres Maravilla’ para buscar la noticia, hay que hacerlo de manera inteligente”, subrayó.
Ratificó el llamado a denunciar los atropellos y la exigencia a las autoridades para que diseñen normativas que protejan a los trabajadores de la prensa, quienes al terminar su jornada laboral son ciudadanos comunes que además de la inseguridad general, deben afrontar el riesgo de ejercer su profesión en un panorama violento.
Un riesgo inherente
Sobre este tema, el director del diario Ultimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, aseguró que la profesión en todo el mundo, en especial en México y Colombia, atraviesa peligros, sobre todo al enfrentar a mafias de narcotráfico que “son responsables de la mayor cantidad de atentados en América Latina”.
A su juicio, el riesgo es inherente a la profesión cuando se abordan temas conflictivos, mientras que otras fuentes como la deportiva tienen menor peligrosidad. Agregó que los posibles atropellos o agresiones deben denunciarse en todos los casos ante los organismos con competencia en la materia.
Díaz sostuvo que la situación no produce autocensura. “Basta con escuchar radio, ver televisión o leer prensa, para darse cuenta de que no hay hechos que no sean difundidos por los medios por temor a represalias”.
El sicariato
Los cuerpos policiales y el Cicpc son los organismos encargados de determinar la naturaleza de cada crimen. Sin embargo, algunas características externas permiten ubicar el modus operandi en determinado patrón.
El criminalista y criminólogo Javier Gorriño explicó que el homicidio por encargo -mejor conocido como sicariato- es una figura que tiene mucho tiempo en el mundo criminal. Aunque esta práctica se registraba con más frecuencia en el occidente del país, en estados como Falcón y Zulia, recientemente ha cobrado fuerza en el resto del territorio nacional.
Consiste en matar a otra persona a cambio de una retribución monetaria cancelada por la parte interesada.
Este tipo de asesinato se identifica fácilmente porque ocurre sin que exista una discusión previa o inclusive un intercambio de palabras antes de la agresión. Tampoco existe el móvil del robo ni una relación que permita conectar a la víctima con su atacante.
Por esta razón, los autores intelectuales del hecho quedan impunes la mayoría de las veces. “Se rompe el vínculo entre víctima-victimario, que es necesario para completar el tetraedro de la criminalística: la relación sitio del suceso - arma homicida, víctima - victimario”.
El culpable del ataque material también suele esquivar su responsabilidad ante la Ley, pues no tiene un vínculo directo con el fallecido, que pudiera justificar un móvil para el atentado.
Gorriño aclaró que además del nombre de la persona que es el objetivo, el sicario busca características físicas, tipo de vehículo, ubicación. Sin embargo, la cantidad de especificaciones necesarias para ubicar al blanco disminuye si se trata de un personaje público conocido.
Atentados de 2008
El año pasado periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos de todo el país fueron víctimas de agresiones. En marzo, el fotógrafo Carlos Andrés Pérez fue atacado cuando trató de ayudar a un compañero que era agredido por afectos al oficialismo, en una actividad “a favor de la paz” que se realizó en la avenida Bolívar de Valencia. En abril, la Policía Metropolitana de Caracas allanó la residencia de la reportera de RCTV Internacional, Marieta Santana. En el mes de junio, el vicepresidente de Reporte Diario de la Economía, Pierre Fould Gerges, de 48 años, fue asesinado con 17 disparos entre el cuello y el tórax, mientras estaba en una estación de gasolina ubicada en Chuao. Sin embargo, el hecho pudo deberse a una confusión, pues su hermano y presidente del diario, Tannous Gerges, había recibido amenazas de muerte el año anterior.
Un mes después, la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores descalificó a los reporteros Cecilia Caione de El Nacional y Pedro Peñalosa de El Universal, por denunciar presunto nepotismo en el parlamento. Fueron llamados “mercenarios de la pluma”. En Barinas, el periodista Luis Dimas y el fotógrafo Jhonny Camacho permanecieron detenidos por la policía durante siete horas, mientras se averiguaba sobre un hurto en la residencia de la familia Chávez. También en julio, el equipo corresponsal de Venevisión en el estado Zulia, fue agredido por los encargados de seguridad de una actividad del candidato a la gobernación Saady Bijani. Le taparon el lente, los empujaron y amenazaron con cortar los cables de la videocámara si no se retiraban del sitio. En agosto, un grupo de desconocidos atacó la sede de la emisora de radio Color 99.5 FM, ubicada en Maracay, estado Aragua. Contra el vidrio de la cabina de transmisión lanzaron piedras y objetos de metal forrados con panfletos que tenían frases amenazantes. El canal de televisión Globovisión fue calificado como “objetivo militar” por un grupo seguidor de Chávez que atacó sus instalaciones con bombas lacrimógenas durante la madrugada de 23 de septiembre. Un mes más tarde, el medio de comunicación comenzó a ser investigado por permitir que el director del diario El Nuevo País, Rafael Poleo, dijera que el mandatario nacional podría “terminar como Mussolini”. En septiembre, el columnista del diario Correo del Caroní Eliécer Calzadilla resultó herido de disparos en la cabeza. El mismo mes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que el camarógrafo de VTV Efraín Castro recibió una agresión verbal y un trato “vejatorio” por parte del Presidente. Castro exigía el pago de sus guardias laborales dominicales. El 27 de noviembre, el Jefe del Estado ordenó a Conatel abrir un procedimiento administrativo contra Globovisión, por supuesta violación de normas electorales al transmitir tres días antes las declaraciones del gobernador de Carabobo sobre los resultados de los comicios regionales. El nueve de diciembre, 13 trabajadores de la comunicación fueron agredidos por personas identificadas con el oficialismo, mientras cubrían la fuente del Consejo Legislativo del Estado Carabobo. De igual manera, durante el último mes del año los periodistas que cubren la Asamblea Nacional fueron objeto de reiterados impedimentos para ejercer su trabajo, así como también de descalificaciones.
Tomado de www.el-carabobeno.com
por Daniella Vera Aram
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