Interpretaciones encontradas aún resuenan en los medios sobre a quién favoreció la sentencia de la la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), promulgada para amparar los derechos de los periodistas y trabajadores de RCTV y Globovisión.
El Colegio Nacional de Periodistas y la Universidad Católica Andrés Bello congregaron a especialistas jurídicos, periodistas y camarógrafos, quienes debatieron sobre el tema en compañía de estudiantes de Derecho y Comunicación Social de la casa de estudios.
En el podio tomaron la palabra Héctor Faúndez, especialista en Derechos Humanos, Ana Cristina Núñez consultora jurídica de Globovisión y Oswaldo Quintana, vicepresidente ejecutivo de asuntos legales de RCTV. Así mismo compartieron su experiencia algunos de los desagraviados por la sentencia, entre ellos como Gabriela Perozo, periodista de Globovisión, Carlos Colmenares y Antonio Monroy camarógrafos de RCTV.
La Victoria de la Libertad de Expresión
Héctor Faúndez inició su ponencia argumentando las bases jurídicas que tomó en cuenta el tribunal hemisférico. Para el especialista en derechos humanos no hay ninguna duda que el Estado venezolano sí fue condenado puesto que si bien existen obl
igaciones específicas establecidas en la Convención Interamericana, la violación del artículo 1 referido respetar los derechos y libertades implica una lesión del Estado hacia sus obligaciones específicas, en este caso, las amparadas en los los art. 5 y 13. 1 que garantizan la libertad de expresión y pensamiento y a la integridad personal.
Para el jurista resulta ilógico cómo el Estado se autoproclama inocente a la vez que se niega a cumplir la sentencia, la condena es categórica: por primera vez en la historia republicana de Venezuela el país es culpable de violar la libertad de expresión. Adicionalmente se reconoce la influencia de las declaraciones de las más altas autoridades del gobierno en la intimidación y las agresiones que sufren los periodistas.
Según Faúndez el sello que marca la culpabilidad incuestionable no es otro que el mandato para el Estado de hacer pública la sentencia y asumir los costos jurídicos del caso. El especialista espera que esta decisión sirva de punto de partida para erradicar aquello de “Se puede decir lo que queramos pero hay un precio”
La lucha por el cumplimiento
Ana Cristina Núñez, abogada que acompañó la denuncia por parte de Globov
isión, destacó la gran innovación que representa el hecho de que por primera vez se responsabiliza al Estado por incitar a la violencia a través del discurso de la confrontación, lo que a su juicio desmiente definitivamente el argumento del gobierno: “la violencia es casuada por particulares y la culpa es de los periodistas y los medios por su línea editorial”
Núñez celebra este precedente porque considera que después de la sentencia se le ha puesto un límite al discurso agresivo del Presidente y de otros funcionarios que instaban (y autorizaban) a ciertos grupos de partidarios para agredir a los trabajadores de los medios de comunicación. De aquí en adelante, si eso ocurre de nuevo, responderán directamente los voceros
La abogada manifestó que se agotaron todas las instancias nacionales. antes de acudir a la Corte, y el fallo contempla sin lugar a dudas la culpabilidad del Estado puesto que reconoce que no hubo ningún rechazo categórico a la violencia contra los medios ni existen hasta el día de hoy investigaciones y responsables sancionados o juzgados por atentar contra la integridad de los periodistas.
Núñez exhortó a todos los presentes a defender el cumplimiento cabal de las reparaciones que exige la CIDH a Venezuela, pues claramente se obliga al gobierno a que no se repitan los hechos ya juzgados. “Cada vez que se agreda a un periodista o trabajador de Globovisión o de RCTV se estará violando la sentencia … hasta que no se acaten todas las disposiciones, el caso seguirá oficialmente abierto”
Habla Gabriela Perozo
“Caso Gabriela Perozo y otros contra Venezuela” ese es el título oficial del procedimiento legal llevado ante la Corte Interamericana pues una de las agresiones más impactantes y mejor documentadas fue la que sufrió esta periodista de Globovisión. Al respecto dijo: “Para los que quieren dedicarse a esto deben saber que hay otra realidad distinta a la de recibir golpes”
La periodista instó a los presentes, futuros abogados y comunicadores, a asumir una gran responsabilidad, mayor a la que vivió su generación: documentar lo que sucede, pues sólo así se podrá seguir pidiendo justicia para los delitos que no prescriben. Citó como ejemplo que para la fecha de inició de la querella en la CIDH, Globovisión denunció 44 agresiones, pero en realidad hubo más de 300 que no se pudieron documentar completamente.
Concluyó añadiendo que contra la impunidad el mejor mecanismo siempre es denunciar ante la Fiscalía, la Defensoría y los demás órganos competentes, para que no se repita lo que le ha tocado vivir más de una vez: regresar a cubrir las infomaciones y encontrarse de frente con los agresores ante la acción nula de los efectivos de seguridad.
“Llevamos el oficio en la sangre”
Los camarógrafos Carlos Colmenares y Antonio Monroy compartieron con los asistentes sus experiencias frente a las agresiones. El primero fue herido de bala cubriendo manifestaciones en la Plaza Altamira y al segundo le destrozaron su cámara y le lanzaron por unas escaleras mientras cubría la presentación ante juzgado del dirigente Óscar Pérez.
Ambos coinciden en el amor a su oficio. ”Uno sigue porque el trabajo lo lleva en la sangre, vamos a continuar haciéndolo porque lo sabemos hacer y nos gusta” exporesó Colmenares. Destacaron su compromiso con la verdad ante todo, y manifestaron cómo en los momentos difíciles se estrechan los lazos entre los equipos reporteriles, donde se protegen sus miembros unos a otros. Esperan que esta sentencia se la primera de muchas por venir.
Roger Santodomingo, moderador del foro, destacó la valentía de los presentes, y señaló como aún después de 7 años a los denunciantes se les “pasa factura”, específicamente en el caso de Carlos Colmenares, quien está en una lista negra que le impide acceder a cualquier espacio del Estado, pese a que ahora ejerce su oficio en otras actividades desligadas del periodismo.
Las mentiras sobre RCTV
Por su parte, Oswaldo Quintana desmintió la matriz de opinión que ha hecho circular el gobierno acerca de que en esta decisión la CIDH desestimó el caso de la frecuencia y los equipos de RCTV. Al respecto resaltó la imparcialidad y buen juicio de la Corte al decidir analizar el caso de RCTV en otra sentencia por su complejidad e implicaciones, como lo estipula el párrafo 338 de la sentencia.
Asímismo, el abogado celebró este precedente que -a su juicio- servirá para que la legislación venezolana adopte en un futuro cercano resoluciones acerca “del lenguaje del odio” como las tomadas por la Unión Europea a raíz de los conflictos en los balcanes.
Felicitó a todos los periodistas y camarógrafos por su valentía y aguante a través del tiempo pues en los 6 años formales que duró el proceso jurídico hubo otros, como Televen y Venevisión, que a pesar de haber empezado a demandar en conjunto, no llegaron hasta el final. “Habrán tenido sus razones y se les respeta” dijo.
“El CNP es la casa de todos”
William Echeverría, presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) agradeció a todos por la asistencia al foro y destacó la importancia de la sentencia para todo el gremio. A continuación -y con tono decidido- llamó a todos los periodistas a “No tener miedo, estamos acostumbrados a denunciar casos de corrupción o huecos en las calles pero cuando nos agreden física o verbalmente no lo hacemos (…) Sistemáticamente podemos superar la cultura del secretismo”
Más adelante destacó que el CNP apoya por igual a los trabajadores de los medios oficiales, refiriéndose a colegas de ANTV, VTV y Vive TV atacados el 19 de marzo por presuntos simpatizantes de Manuel Rosales. “El CNP es la casa de todos, rechazamos la violencia venga de donde venga, esta es la única manera de ganar respeto” aseveró.
El dirigente gremial afirmó que cuando no se denuncian las agresiones o cuando la fiscalía no actúa, se genera impunidad. Calificó de “lamentable” que las denuncias que el gremio ha interpuesto ante el Ministerio Público sigan en “fase preparatoria y no en fase de sentencia”.
Rodolfo Ponce | Enelmedio.org
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