Fachada de la morgue de Bello Monte
El Nacional / Antonio Rodríguez
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Los efectivos fueron colocados un día después de que El Nacional publicó en primera plana una fotografía de la sala de autopsias de la medicatura forense.
La presencia de funcionarios del Cicpc a las puertas de la morgue de Bello Monte con la función de pedir el nombre y cédula de identidad de los periodistas que cubren las noticias de sucesos, es considerada por el director de Espacio Público, Carlos Correa, como una forma de amedrentar a los reporteros.
"Buscan hostigar el trabajo de los periodistas que trabajan con las informaciones que más preocupan a la sociedad, según los datos aportados por todas las encuestas: la inseguridad", dijo.
Los efectivos fueron colocados un día después de que El Nacional publicó en primera plana una fotografía de la sala de autopsias de la medicatura forense, en la que aparecen los cadáveres apilados.
Silvia Alegrett, presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, rechazó la decisión del Cicpc e hizo un llamado a los colegas de la fuente de sucesos para que no se dejen intimidar.
Para el director de Espacio Público, la medida de apostar funcionarios a las puertas de la morgue después de la publicación de la imagen que muestra la condición de precariedad de la sala de autopsias, fortalece la ausencia de una política gubernamental de informar de manera transparente y oportuna a la sociedad.
Indefensión
Un Mundo sin Mordaza pidió a la Fiscalía, al Cicpc y a la Defensoría del Pueblo que se percaten de que se ponen al descubierto cuando con artimañas enfilan las baterías contra este diario por la denuncia "de una organización estudiantil que esgrime que la foto que publica El Nacional vulnera la integridad moral y psíquica de los púberes".
Criticaron y rechazaron las medidas cautelares (prohibición de salida del país, hablar sobre la FAN y régimen de presentación) contra el general Antonio Rivero.
Autocensura
Expresión Libre lamenta que las instituciones "se oculten detrás del supuesto malestar de niños y adolescentes para actuar con claros propósitos políticos en contra de la libertad de expresión y el derecho a la información que consagra la Constitución".
Piden reflexionar a la presidenta del Consejo de Derechos de Niños y Adolescentes y, además, que junto con el Gobierno procure medidas que garanticen el derecho a la vida de los menores de edad.
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